El Departamento de Derechos Civiles logra un acuerdo sobre la supuesta amenaza de desalojo vinculada al estatus migratorio percibido por la familia Oxnard

12 de junio de 2024

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Como resultado del acuerdo, el propietario pagará $30,000 y completará una capacitación en vivienda justa

SACRAMENTO – El Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) anunció hoy la obtención de un acuerdo de vivienda justa contra un propietario por presunta amenaza a una familia con la deportación y el desalojo. Según la ley de California, los proveedores de vivienda tienen prohibido acosar o intimidar a los inquilinos a través de amenazas de compartir información sobre su estatus migratorio con las autoridades. Como resultado del acuerdo, el propietario debe pagar $30,000 en compensación por presuntos daños a la familia y completar una capacitación en materia de vivienda justa.

“No se equivoquen: Amenazar a alguien con la deportación para desalojarlo es ilegal en California,” dijo el director del CRD, Kevin Kish. “Sin embargo, a pesar de las sólidas protecciones de nuestro estado, sabemos que los inmigrantes regularmente enfrentan amenazas ilegales, ya sea en la vivienda, el empleo u otros aspectos de nuestra vida diaria. En California, la ley es clara en cuanto a que los propietarios no pueden amenazar con denunciar a sus inquilinos ante las autoridades de inmigración para presionarlos a que se muden. Todos los californianos tienen derecho a una vivienda justa independientemente de su estatus migratorio u origen nacional. Si se presenta y nos informa, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlo. Cada informe marca la diferencia.”

En noviembre de 2022, CRD recibió una denuncia contra el propietario de una casa de tres habitaciones en Oxnard, California por presunta discriminación por motivos de ciudadanía, origen nacional y estatus migratorio de los inquilinos. Según la denuncia presentada ante el CRD, el dueño de la propiedad supuestamente entregó a la familia un aviso de desalojo de tres días que indicaba que la oficina del sheriff sacaría a la familia de la casa y la entregaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. para su deportación si no cumplieron con la demanda de mudarse. El aviso también indicaba erróneamente que — al supuestamente no ser ciudadanos estadounidenses — la familia no tenía protección bajo ninguna ley estadounidense.

Entre muchas otras protecciones estatales y federales para personas que no son ciudadanos estadounidenses, la ley de California prohíbe a los proveedores de vivienda preguntar sobre el estatus migratorio de una persona a menos que esté relacionado con viviendas asequibles financiadas por el gobierno federal. Los inquilinos generalmente también están protegidos contra el desalojo, el cobro de un alquiler más alto y otras acciones adversas en materia de vivienda basadas en características protegidas como su raza, origen nacional, ciudadanía, estatus migratorio, el idioma que hablan y más. A pesar de estas protecciones, la familia supuestamente todavía estaba amenazada con la deportación y finalmente tuvo que mudarse de su casa.

Después de investigar la denuncia, CRD determinó que había pruebas suficientes de que se había producido discriminación y remitió el asunto a la División de Resolución de Disputas del departamento para una mediación. La división opera dentro de CRD para brindar servicios de mediación neutrales y gratuitos para ayudar a las partes a resolver disputas y abordar quejas de discriminación. Cada año, la división resuelve cientos de quejas, lo que resulta en cambios de políticas y millones de dólares en ayuda directa para los californianos afectados. Como resultado del acuerdo anunciado hoy, el dueño de la propiedad acordó:

  • Pagar $30,000 en compensación por los presuntos daños.
  • Completar capacitación sobre las protecciones de los derechos civiles del estado bajo la Ley de Empleo y Vivienda Justa, con un enfoque en las disposiciones que abordan el acoso y la discriminación.
  • Abstenerse de discriminar contra futuros inquilinos.
  • Proporcionar a los futuros inquilinos información sobre sus derechos según la Ley de Vivienda y Empleo Justo.

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de discriminación basada en su estatus migratorio, ciudadanía u origen nacional, CRD puede ayudarlo a través de su proceso de queja. La información general sobre el proceso de quejas de CRD y cómo presentar una queja está disponible aquí. La información general sobre recursos y protecciones para inmigrantes está disponible aquí. Una hoja informativa sobre la protección de los derechos civiles de los inmigrantes en California está disponible aquí.

El acuerdo fue mediado por la abogada mediadora principal Kendra Tanacea. El asunto fue apoyado por la abogada superior del personal Christa Conry y la abogada del personal Irene Meyers. El caso fue investigado por Dalia Moreno en la División de Ejecución de la CRD.

Una copia del acuerdo está disponible aquí.

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El Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) es el organismo estatal encargado de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California. La misión de CRD es proteger a la población de California contra la discriminación ilegal en el empleo, la vivienda, los alojamientos públicos y los programas y actividades financiados por el Estado, así como contra la violencia motivada por el odio y la trata de seres humanos. Para obtener más información, visite calcivilrights.ca.gov.


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