El Departamento de Derechos Civiles de California llega a un acuerdo por presunto acoso y desalojo de una inquilina de la Sección 8 en Sacramento

SACRAMENTO – El Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) anunció hoy que llegó a un acuerdo de vivienda justa con los propietarios de una vivienda de alquiler individual en Sacramento. El acuerdo se alcanza después de que el estado presentó una demanda en 2022 contra los propietarios por presunta discriminación hacia una inquilina por su raza, por su discapacidad y por utilizar asistencia para la vivienda a través de la Sección 8, así como por represalias y acoso cuando ella intentó hacer valer sus derechos. Como resultado del acuerdo, los propietarios deben pagar $42,500 y tomar otras medidas para proteger a posibles futuros inquilinos contra la discriminación ilegal.

“Sin importar las circunstancias, los insultos raciales y las represalias son inaceptables,” dijo Kevin Kish, director del CRD. “A pesar de haber vivido durante años en la propiedad, la inquilina en este caso fue amenazada y acosada simplemente por defender sus derechos. Es así de simple: Los propietarios no pueden discriminar contra personas por usar la asistencia para el alquiler. Este caso también deja en evidencia que una forma de discriminación suele ir acompañada de otras. Aplaudo a la inquilina por alzar la voz y a nuestro equipo del Departamento de Derechos Civiles por resolver esta demanda. Seguiremos haciendo nuestra parte para proteger los derechos civiles de todos los residentes de nuestro estado.”

Cargos ilegales, desalojo y acoso

A fines de 2022, el CRD presentó una demanda en la que alegaba que los propietarios de una vivienda de alquiler en Sacramento desalojaron ilegalmente a una inquilina y la sometieron a acoso, discriminación y represalias por su raza, por su discapacidad y por utilizar la asistencia para el alquiler a través de la Sección 8. Según la demanda, el problema comenzó cuando la Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento, una organización local que ayuda a gestionar la Sección 8, informó a la inquilina que no estaba obligada a pagar los $150 adicionales al mes que los propietarios le habían estado cobrando durante años por servicios públicos. Dichos servicios ya debían estar incluidos en el alquiler base estipulado en el contrato.

Después de que la inquilina informara sobre esto a los propietarios y les indicara que ya no realizaría los pagos adicionales, supuestamente sufrió insultos raciales, comentarios despectivos, amenazas ilegales de desalojo y otras formas de acoso. Finalmente, los propietarios cerraron el hogar de la inquilina con llave mientras ella se encontraba en proceso de mudanza, lo que le impidió recuperar pertenencias esenciales, como equipo médico, reliquias familiares y fotografías. En años anteriores, supuestamente la inquilina también fue incapaz de disfrutar plenamente de la propiedad debido a que los propietarios le negaban repetidamente sus solicitudes de modificaciones razonables para atender su discapacidad.

El acuerdo pone fin al conflicto

El acuerdo anunciado hoy pretende resolver la demanda estatal, la primera presentada por el estado al amparo de las protecciones ampliadas relacionadas con la fuente de ingresos tras la aprobación del Proyecto de Ley del Senado 329. Como parte de los términos del acuerdo, los propietarios, sin admitir responsabilidad, deberán tomar varias medidas para ayudar a prevenir futuras situaciones de discriminación, entre ellas:

• Recibir capacitación sobre las leyes estatales de derechos civiles en materia de vivienda.
• Incluir en cualquier anuncio futuro de alquiler un texto que indique claramente que los beneficiarios de la Sección 8 pueden postularse.
• Abstenerse de incurrir en discriminación o acoso contra futuros inquilinos.
• Pagar $42,500 como compensación para la inquilina y por los costos legales del CRD.

El estado protege los derechos civiles en materia de vivienda

California sigue tomando medidas para luchar contra la discriminación para el acceso a las viviendas en todas sus formas. A principios de este año, el CRD presentó una demanda contra los propietarios de una comunidad para personas mayores en Oakland porque, supuestamente, se negaron a aceptar la asistencia para el alquiler de la Sección 8. En abril, el departamento anunció un acuerdo por $90,000 después de que una familia del Área de la Bahía recibiera una tasación de vivienda supuestamente inferior a la real. El departamento también garantizó un acuerdo por $280,000 por alegaciones de que un administrador de propiedades desde hace mucho tiempo de un complejo de departamentos de Bakersfield realizara por años acoso sexual no solicitado a sus inquilinos. El año pasado, el CRD logró un acuerdo por $35,000 con un complejo de departamentos de Novato y puso fin a su presunta prohibición de la asistencia para el alquiler de la Sección 8. El departamento también presentó una demanda contra un propietario de San Bernardino por forzar a una inquilina a retirarse después de que ella empezara a participar en el programa Sección 8. Desde que se aprobó el Proyecto de Ley del Senado 329 en 2019, el CRD garantizó más de 250 de acuerdos basados en el uso de programas de asistencia para el alquiler como Sección 8.

Si usted o alguien que conoce sufrió discriminación en la vivienda, CRD podría brindarle asistencia en el proceso de denuncia. El departamento también proporciona información general y hojas de datos en líneasobre la protección de los derechos civiles, entre ellos la relacionada a sus derechos de vivienda. Los miembros del público también pueden reportar anuncios discriminatorios que tengan como objetivo filtrar ilegalmente a los posibles inquilinos con Sección 8.

El acuerdo anunciado el día de hoy fue alcanzado por la abogada Nassim Moallem, la abogada sénior Jenny Chhea, la abogada principal asociada Azadeh Hosseinian y el abogado principal adjunto Asaf Orr.

Una copia del acuerdo está disponible aquí. Una copia de la demanda original está disponible aquí.

El Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) es el organismo estatal encargado de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California. La misión de CRD es proteger a la población de California contra la discriminación ilegal en el empleo, la vivienda, los alojamientos públicos y los programas y actividades financiados por el Estado, así como contra la violencia motivada por el odio y la trata de seres humanos. Para obtener más información, visite calcivilrights.ca.gov.

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