Después de presentar una demanda por vivienda justa, el estado logra un acuerdo con arrendadores de San Bernardino

3 de diciembre de 2025

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El acuerdo exige el pago de $145,000 y nuevas políticas que garanticen que los inquilinos puedan usar el programa Sección 8

SACRAMENTO – El Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) anunció hoy que se llegó a un acuerdo con Pierce Projects Incorporated y otros propietarios locales por las acusaciones de que una inquilina de largo plazo fue efectivamente expulsada de su departamento en Upland, en el condado de San Bernardino, después de haber empezado a participar en Sección 8, un programa federal de asistencia para la vivienda para familias de bajos ingresos. El acuerdo surge después de que el estado presentó una demanda el año pasado por un presunto caso de discriminación ilegal basada en la fuente de ingresos de la inquilina. Como parte del acuerdo, se requiere que los arrendadores tomen varias medidas correctivas, lo que incluye implementar nuevas políticas que garanticen que los futuros inquilinos puedan usar vales del programa Sección 8.

“Los programas de vivienda asequible, como Sección 8, son una salvación para millones de estadounidenses,” dijo el director del CRD, Kevin Kish. “Con el aumento en el costo de vida en todo el país, es fundamental que los arrendadores cumplan con las protecciones de derechos civiles de nuestro estado. Las leyes de California ayudan a las personas a tener un lugar donde vivir. Nuestro estado sigue luchando a diario por los derechos de todos los residentes de California.”

Presunta expulsión de una inquilina

En 2023, el CRD recibió una denuncia contra un arrendador en el condado de San Bernardino por un presunto rechazo de la solicitud de una arrendataria en curso de empezar a usar Sección 8. De acuerdo con la demanda estatal, la inquilina ya había estado viviendo en la unidad de dos dormitorios por varios años cuando se comunicó con su arrendador en 2022 para solicitarle usar un vale de Sección 8 que le ayudara a pagar el alquiler. Ella solicitó hacer el cambio después de salir de la lista de espera del programa Sección 8. Sin embargo, el arrendador presuntamente rechazó repetidamente aceptar el vale, incluso después de que la arrendataria afirmó sus derechos conforme a la ley estatal con la ayuda de una organización local de vivienda justa. La demandante también alegó que tuvo que mudarse para poder mantener su vale y encontrar otro lugar para vivir que lo aceptara.

El estado toma medidas en el tribunal

Después de completar una investigación e intentar resolver el asunto a través de una mediación, el CRD denunció a los dueños de las propiedades, que son propietarios de al menos 36 unidades de alquiler en todo California. El acuerdo que se anunció hoy resuelve la demanda estatal y requiere varias medidas correctivas, por ejemplo:

  • Capacitar a los dueños de las propiedades sobre las leyes de vivienda justa y las protecciones contra la discriminación por fuente de ingresos.
  • Implementar una política de vivienda justa por escrito que prohíba la discriminación por fuente de ingresos en todas las propiedades a cargo de los propietarios.
  • Incluir frases como “Sección 8 está bienvenida” o “aceptamos Sección 8” en todas las solicitudes de alquiler proporcionadas a posibles inquilinos.
  • Publicar las propiedades en alquiler disponibles en sitios web de viviendas accesibles que estén destinados a los beneficiarios del programa Sección 8.
  • Informar el cumplimiento de las condiciones del acuerdo al CRD.
  • Pagar $145,000, lo que incluye $110,000 en compensación al exinquilino y $35,000 al CRD.

Si usted o alguien conocido fue víctima de discriminación en la vivienda, el CRD podría brindarle asistencia en el proceso de denuncia. El departamento también brinda información general y hojas de datos en línea sobre protecciones de derechos civiles para el público, lo cual incluye temas de discriminación por fuente de ingresos.

El acuerdo anunciado el día de hoy fue alcanzado por la abogada interna Nassim Moallem, la abogada interna Val Erze y la abogada principal adjunta Nadia Aziz.

Puede obtener más información al leer una copia del acuerdo, del cual se notificó formalmente al tribunal esta semana, y la demanda estatal original.

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El Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) es el organismo estatal encargado de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California. La misión de CRD es proteger a la población de California contra la discriminación ilegal en el empleo, la vivienda, los alojamientos públicos y los programas y actividades financiados por el Estado, así como contra la violencia motivada por el odio y la trata de seres humanos. Para obtener más información, visite calcivilrights.ca.gov.


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