Una prueba encubierta sobre el acceso justo a la vivienda conduce a reforma en más de dos docenas de complejos de apartamentos en California

SACRAMENTO – El Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) ha anunciado hoy un acuerdo de vivienda justa con Village at Redondo y Lyon Management Group, que gestiona más de dos docenas de complejos de apartamentos en todo California. El acuerdo se produce después de que unas pruebas de vivienda justa financiadas por el CRD identificaron indicios de posible discriminación contra solicitantes con antecedentes penales en una propiedad de Redondo Beach, en el condado de Los Ángeles. El acuerdo exige a las empresas que eliminen cualquier prohibición general de alquilar a personas que hayan sido involucrados con la justicia penal.

“Todos merecen un lugar que consideren su hogar,” dijo Kevin Kish, director del CRD. “Rechazar automáticamente a los inquilinos por arrestos o condenas irrelevantes es incompatible con las protecciones de los derechos civiles de nuestro estado. Todos podemos contribuir a la seguridad pública asegurándonos de que todos tengan una oportunidad justa de ganarse la vida o de tener un lugar donde vivir. La estabilidad en materia de vivienda es un primer paso fundamental para garantizar que las personas puedan reintegrarse en sus comunidades.”

Presuntamente expulsado de su vivienda

En 2024, el CRD patrocinó pruebas a través del Housing Rights Center para ayudar a identificar y proteger a los californianos contra la discriminación en la vivienda. Las pruebas, que se llevaron a cabo en docenas de proveedores de viviendas y empresas de gestión inmobiliaria, identificaron una discriminación continua y generalizada en los condados de Los Ángeles y Ventura, incluida una presunta discriminación en un complejo de apartamentos de 332 unidades llamado Ocean Club. Las pruebas realizadas por teléfono en Ocean Club, gestionado por Lyon Management Group y propiedad de Village at Redondo, identificaron múltiples casos en los que la administración de la propiedad supuestamente comunicaba a los solicitantes encubiertos que el apartamento tenía una política según la cual “todos los ocupantes mayores de 18 años debían no tener antecedentes penales,” lo que incluía “no tener condenas por delitos graves.”

En virtud de la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California y sus reglamentos relacionados, los proveedores de vivienda no pueden imponer prohibiciones generales al alquiler a personas que hayan sido involucrados con la justicia penal. Estas prohibiciones pueden afectar de manera desproporcionada a los posibles inquilinos afroamericanos y latinos, perpetuar los patrones históricos de segregación en materia de vivienda y servir de pretexto para encubrir la discriminación intencionada. Según las normas que implementa la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California, los proveedores de vivienda no deben tener en cuenta las condenas que no estén directamente relacionadas con el alquiler. Además, cualquier consideración de una condena debe ser individualizada, basándose en la naturaleza y gravedad del delito subyacente, así como en el tiempo transcurrido. Por ejemplo, una condena de hace 7 años por una infracción de tráfico probablemente no estaría directamente relacionada con la capacidad del solicitante para cumplir con sus obligaciones financieras, ya que no existe una relación racional entre la infracción y un posible interés comercial.

El Estado frena la supuesta prohibición generalizada

Tras llevar a cabo una investigación inicial, el CRD presentó una denuncia del director contra Village at Redondo y Lyon Management Group alegando prácticas discriminatorias continuadas. Una denuncia del director es una herramienta que usa el departamento para abordar posibles infracciones en nombre de un grupo de personas o para resolver cuestiones más amplias relacionadas con el derecho civil que se hayan identificado durante una investigación.

Tras la denuncia del director, el CRD ofreció a las empresas la oportunidad de resolver voluntariamente las acusaciones mediante mediación y llegó a un acuerdo. Como resultado del acuerdo, las empresas, sin admitir responsabilidad, llevarán a cabo lo siguiente:

• Revisarán su política de selección de inquilinos para todas sus propiedades en California con el fin de prohibir cualquier rechazo automático de solicitantes con antecedentes penales.
• Formarán a todos los agentes inmobiliarios de sus propiedades en California sobre las protecciones estatales en materia de vivienda justa y antecedentes penales.
• Distribuirán información sobre las protecciones de vivienda justa y antecedentes penales de California a todo el personal involucrado en el alquiler de sus propiedades en el estado.
• Expondrán carteles sobre las protecciones estatales en materia de vivienda en todas sus propiedades.
• Se someterán a tres años de supervisión por parte del CRD para garantizar el cumplimiento de los términos del acuerdo.

Si usted o alguien que conoce sufrió discriminación en la vivienda, el CRD podría brindarle asistencia a través de su proceso de denuncia. El departamento también brinda información general y hojas de datos en líneasobre la protección de los derechos civiles, incluidas la vivienda justa y los antecedentes penales.

El acuerdo anunciado el día de hoy fue alcanzado por la abogada Nassim Moallem, la abogada principal asociada Azadeh Hosseinian y la abogada principal adjunta Nadia Aziz. Fue mediado por la abogada mediadora Rebecca Schonberg.

Para obtener más información, lea una copia del acuerdo.

El Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) es el organismo estatal encargado de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California. La misión de CRD es proteger a la población de California contra la discriminación ilegal en el empleo, la vivienda, los alojamientos públicos y los programas y actividades financiados por el Estado, así como contra la violencia motivada por el odio y la trata de seres humanos. Para obtener más información, visite calcivilrights.ca.gov.

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